El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.
Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios constitucionales.
El derecho a la ciudad es “el derecho de toda persona a crear ciudades que respondan a las necesidades humanas”.
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad basa su propuesta en tres ejes fundamentales:

• El ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir, el ejercicio de todos los derechos humanos que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y gestión social del hábitat;
• La gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de forma directa y participativa en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo tanto las administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones sociales;
• La función social de la propiedad y de la ciudad, con predominio del bien común sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano.

Todo el mundo debería tener los mismos derechos para construir los diferentes tipos de ciudades que queremos. El derecho a la ciudad “no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino también el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto”.
Según el reconocido urbanista internacional Jordi Borja, el desarrollo y la legitimación de los derechos ciudadanos dependerán de un triple proceso:
• Un proceso cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y su explicitación;
• Un proceso social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación de mecanismos y procedimientos que los hagan efectivos;
• Un proceso político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas para hacerlos efectivos.

Es una reivindicación para que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad y es un escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva.